miércoles, 15 de enero de 2014

TODOS INTERVENIMOS EN PEQUEÑOS CANALES DE PANAMÁ

Mucho se habla estos días del asunto de las obras en el canal de Panamá, de la empresa SACYR, de la marca España y de las artimañas legales en los contratos de obra con las administraciones públicas, poniendo todos estos asuntos en relación y denunciando las perversiones de un sistema de contratación que lejos de asegurar la equidad en la adjudicación de los trabajos bajo el paraguas de la calidad y el coste ajustado, parece que haya favorecido el chanchullo, la chapuza y el beneficio de quienes están bien situados en los aledaños del poder o deambulan con pericia por sus vericuetos. Posiblemente ninguno de nosotros sepa nunca qué demonios ha ocurrido en tal obra y su gestión, ya que sólo percibimos sombras arrojadas por datos interesados sacados a la luz en una representación teatral de estrategia económica y política en la que ni el gobierno de Panamá es la doncella mancillada que parece ser, ni la empresa SACYR el macho acosador sin escrúpulos, ni el gobierno de España la celestina oculta que cose y descose virgos. Pensando detenidamente en las únicas situaciones contractuales con las que me encuentro últimamente en el ámbito profesional privado, generalmente intervenciones de reparación de inmuebles, creo que el frecuente espíritu degradado que anima la manera de actuar en los procesos de contratación y gestión de obra entre las administraciones públicas y las grandes constructoras de país ha calado profundamente en la desnortada y agostada sociedad española y que






Hace tiempo que algunos arquitectos vienen denunciando, en la medida de sus posibilidades, la frecuente perversión del sistema de contratación de obras con la administración; incluso los colegios profesionales han alzado su voz respecto de las bajas temerarias y los modificados como recurso paliativo de éstas, aunque lo hayan hecho con sordina, del modo más ortodoxo y dentro de los cauces de actuación reglamentarios (lo que ha pasado desapercibido a oídos no sólo de la sociedad sino de la muchos profesionales que tampoco hacen gran cosa por oír). Pero la crisis ha acabado por otorgar patente de corso a la perversión de los concursos por la que se valora más los aspectos económicos que los técnicos, permitiendo bajas temerarias con justificación. Y en éstas estamos: problemas y más problemas; retrasos y más retrasos…hasta que generalmente unas elecciones, o un amago de escándalo, vienen a desengrasar los plazos de ejecución, vía modificado.

Como no hay obra pública y ya no quedan promotores, al menos los pequeños o medianos con los que la mayoría de estudios de arquitectura, también pequeños o medianos, trabajábamos, los arquitectos hemos de recurrir bien a salir del país (los más jóvenes, generalmente a la brava, por energía vital e ilusión profesional; los que mejor infraestructura y contactos  han podido salvar de la quema, después de asociarse con otros iguales y tras numerosas gestiones que garanticen un cierto éxito, y aquéllos con menos responsabilidades personales y familiares, a los que la desesperación lanza a la aventura) o bien a buscar trabajos en los sitios más inesperados, ásperos y poco gratificantes desde el punto de vista tradicional de la Arquitectura, cuando no en sectores ajenos a nuestra formación.

La reparación de las deficiencias y carencias en el avejentado parque de viviendas de nuestras ciudades o de los defectos constructivos que la vorágine constructiva de la burbuja produjo en los flamantes inmuebles que a duras penas siguen pagando hoy los “afortunados” ciudadanos hipotecados que conservan un empleo, constituye uno de las pocas ocupaciones relacionadas con la arquitectura y la construcción que los arquitectos que nos quedamos en el país podemos encontrar, y no se por cuánto tiempo más. Y es en estos trabajos donde sus promotores, ciudadanos corrientes de izquierda, derechas o sin ideología conocida, asustados por una situación económica que les agobia y ciega la razón, están copiando el modelo de contratación que después critican ferozmente a los políticos.

¿Realmente quién promueve esas obras? Pues no tanto el ciudadano individual, entrampado y ahogado económicamente, que observa desesperado como se desprenden los ladrillos de sus casi recién estrenadas fachadas, como una entidad jurídica, la Comunidad de Propietarios, en la que el comunero se diluye como individuo, convencido de que es una entidad ajena a él salvo a la hora de pagar. ¿Con qué dinero cuenta la Comunidad para reparar a adecuar sus inmuebles? Con poco, muy poco, salvo grandes esfuerzos en prolongadas derramas económicas de sus miembros o la llegada de subvenciones públicas finalistas, ahora casi desaparecidas, y que conllevan un farragoso trámite burocrático que se dilata en el tiempo ¿Y que experiencia en grandes obras atesoran estas Comunidades? Generalmente ninguna, como es lógico, ya que el objeto de la comunidad es atender al día a día del inmueble, regulando el uso de los espacios y servicios comunes del edificio y atendiendo a la conservación, mantenimiento y administración de los mismos.

Cuando una Comunidad de Propietarios sufre un importante problema constructivo, y más en tiempos de crisis, viene el crujir y rechinar de dientes, el miedo, la rabia y la impotencia sobre todo si la edificación es reciente. Todos buscan en el Administrador o Gestor de la Comunidad la proa con la que encarar el temporal que se avecina. Y vienen las reuniones, las discusiones y la reaparición de viejas rencillas entre vecinos y con el administrador. ¿Cómo acometer la reparación de los defectos? Tras dar muchas vueltas al asunto, y si no se decide acudir a la vía judicial, a alguien se le enciende una bombilla de bajo consumo y proclama ante la asamblea de propietarios. ¡Convoquemos un concurso! Obsérvese que no se dice busquemos a un técnico que nos asesore sobre la mejor manea de encarar el problema y que proyecte y dirija posteriormente las obras precisas de modo responsable, asegurando la eficacia y duración de la intervención. Todos saben que en tiempos de crisis hay muchos arquitectos dispuestos a realizar bajas temerarias sobre los honorarios razonables de su trabajo, o a trabajar sin coste para las menguadas arcas de la comunidad en la confianza de un futuro encargo.



Y se convoca un concurso que generalmente es de honorarios o de honorarios y sistema de reparación. ¿Y quien asesora a la Comunidad sobre las ofertas técnicas recibidas? Siempre hay en la comunidad un entendido en albañilería, la cuñada de un constructor, algún listillo y vecinos con sentido común que acaban silenciados porque sus ideas son caras y de lenta maduración. Y no se sabe cómo, guiñándose el ojo unos a otros, se acuerda que el criterio de elección del técnico sea económico: si es concurso de honorarios, se elige el menos caro; si es concurso de procedimientos y honorarios, también se elige el más barato en coste de construcción, ya que el listillo dice que los arquitectos suelen cobrar por porcentaje de obra y tienen un seguro de responsabilidad civil, y si por ser barato el sistema sale mal, ya se le demandará. Entonces, cuando ya tienen casi elegido al técnico, sale el vecino del tercero, con mucho desparpajo, y pregunta si alguien tiene inconveniente en que presente una oferta un primo suyo arquitecto, que estaba fuera de la ciudad cuando se pidieron los presupuestos y que está casi en paro, ¡el pobre primo! Total, que la comunidad tiene corazoncito con el familiar del individuo del tercero y le permite presentar con retraso la propuesta que, o casualidades de la vida, es ligeramente la más barata de todas.

Claro que en el caso anterior hemos contado con una Comunidad que aún confía en los Arquitectos, sean técnicos o superiores; absolutamente desconocidos o famosillos de la ciudad; primos segundos o hermanos de leche del vecino del tercero. Pero es muy frecuente que los vecinos, acaudillados por un enfervorecido defensor de los derechos de los trabajadores abomine de nosotros ya que nos llevamos un pastón por hacer cuatro rayas y no aparecer jamás por la obra excepto para cobrar. Así, desenmascarada nuestra sinvergonzonería, los vecinos propondrán contactar con varias empresas de reconocido prestigio: la del amigo de la infancia del presidente, con el que sigue yendo a cazar y que estaba trabajando en los mantenimientos de GM y ahora se dedica a reparar edificios; la del inmigrante que reparó la galería del segundo y que es un chico muy formal que lo deja después todo muy limpio, y una empresa que reparó la casa de enfrente, unos chicos muy majos que hacen alpinismo y decidieron montar una empresa de trabajos verticales. Presentadas las ofertas, los vecinos dudan entre la del amigo del presidente y la de los alpinistas. Aquélla es más cara, ya que emplea andamios y considera que es precisa la intervención de un arquitecto; ésta es más barata, pues utiliza cuerdas y dicen que sólo con un estudio básico de seguridad y salud es suficiente, que no se precisa ni proyecto, ni dirección de obra ni coordinación de seguridad. Los vecinos dudan. Una pareja joven, con la cabeza bien amueblada plantea sus dudas sobre el proceso de elección de la empresa, y plantea si no hubiera sido lo más sensato llamar, desde el principio, a un arquitecto independiente. Los ojos de los demás vecinos les traspasan: ¿no os dais cuenta de que nos va a costar un pastón? Los honorarios del arquitecto son una parte ínfima del coste de la obra, menos que la licencia municipal, contesta el chico, pero si la empresa constructora propone al arquitecto, ¿Qué intereses defenderá, los nuestros o los de la empresa que le paga? En caso de discrepancia en una certificación, en una partida ¿De parte de quien estará el arquitecto? La reunión se convierte en un guirigay, todos hablan sin dejar escuchar al resto, y pronto una idea parece vencer a las demás, aunque sólo sea por que quienes la defienden chillan más: la empresa de trabajos verticales es más barata y la casa vecina está muy contenta con la obra que hicieron; además el chico de las greñas que nos entregó la propuesta nos ha dicho que con un estudio básico de seguridad el ayuntamiento concederá la licencia y que como ellos se lo hacen todo no precisan coordinador de seguridad o no se que leches que a veces piden los arquitectos ¡recordad que su propuesta es un 30% más barata! Entonces toma la palabra el vecino del desparpajo (parece el mismo de antes, chupa de cuero, barbita y calva incipiente. ¡se ve que en las dos comunidades posee un piso en el tercero!) y comenta que tiene un primo arquitecto, que está casi en paro, ¡el pobre primo! Y que podría dirigir la obra con la empresa de trabajos verticales y todos tan contentos. A lo que la pareja joven comenta: ¿Cómo dirigirá la obra, como certificará la calidad de lo ejecutado? ¿Se va a descolgar él también con las cuerdas? El vecino del desparpajo sienta cátedra una vez más: ¡Oye! ¿A caso vas a dudar de mi primo?

Aun quedan muchas posibilidades de acometer la reparación por parte de la comunidad, incluso pueden hacerlo de un modo razonablemente correcto y que garantice la adecuada satisfacción de las necesidades de los vecinos a un precio justo para todas las partes. Pero, desgraciadamente, en los tiempos que corren y me temo que cada vez más, todos sabemos que lo que ocurre es algo similar a lo que he relatado y no hace falta ser una lumbrera para conocer el resultado: ¡problemas, problemas y más problemas! Retrasos, chapuzas, imprevistos, encarecimientos, nuevos proyectos ¡Vamos, lo de Panamá a otra escala!



¿Dónde queda el anhelo por lo bien hecho? ¿Dónde la calidad y el rigor?¿Dónde las ganas de superación? ¿Dónde la libre competencia? ¿Dónde el respeto por el trabajo de los demás? ¿Dónde la importancia de la seguridad en el trabajo? ¡Todo queda sepultado por la oferta económica más barata, por preferir a toda costa la inversión más baja que permita comprar la ilusión de haber resuelto un problema!.

Si los poderes públicos, que deberían velar por la legitimidad ética de sus procesos de contratación de obras y con ello servir de ejemplo y guía al ciudadano común, han elevado a la categoría de normal la supremacía de los criterios económicos frente a los técnicos; al estatus de admisible las bajas temerarias que devienen finalmente en encarecimientos, retrasos y otros problemas ¿Qué podemos esperar de una sociedad que sin la formación adecuada y tras largos años de mordaza carece del espíritu de las sociedades avanzadas para exigir transparencia y racionalidad en los procedimientos de adjudicación de obra en los que siempre debe primar la mejor calidad al precio más ajustado, dentro de procesos de libre competencia en los que cada agente interviniente exige la necesaria comparecencia de los demás gremios por considerarlos necesarios?

Es tarea de todos formar e informar a la sociedad sobre los procesos, profesiones y gremios capaces de solucionar adecuadamente sus problemas en materia de construcción y arquitectura; de los ahorros y beneficios que se obtienen contando con los técnicos adecuados a los fines que en cada momento se pretenden; de la necesidad de calidad y rigor en toda documentación técnica. Y si los gobiernos de turno, quizás por instinto de supervivencia, renuncian a formar a la sociedad en estos (y tantos otros) aspectos vitales para su calidad de vida, será necesario que entre todos, individuos y asociaciones, nos dediquemos a esta labor formativa en la medida de nuestras posibilidades. Debemos exigir a nuestras asociaciones y colegios profesionales una labor de difusión y formación de lo que somos y lo que hacemos, buscando aliados hasta en el infierno; exigir la coordinación entre colegios profesionales de arquitectos, arquitectos técnicos, administradores de fincas, gestores…para organizar campañas conjuntas de sensibilización de la sociedad a la que nos debemos. En definitiva, luchar por la función social de la Arquitectura, por la mejora del parque de viviendas existente, por la rehabilitación y regeneración urbana (y de paso asegurarnos aliados contra LCSP’s y amenazas similares)

Tengo la sensación de que, pese a los cantos de sirena que lanzan los voceros del poder, la crisis del capitalismo financiero que estamos padeciendo no se va a saldar con una modernización de los procesos productivos traducida en calidad e innovación, sino que va a instaurar, de modo definitivo e independientemente de la pérdida de derechos sociales, el coste más barato para el mayor beneficio como principal criterio de calidad. Me niego a aceptar ese destino para el país en que vivo, y no quiero resignarme. Y para mí sólo hay una solución: educación, cultura y más educación. Siempre he pensado que los avances sociales sólo se consiguen pacíficamente incrementando los niveles de formación de todas las capas sociales, en especial las más desfavorecidas. Y es que ya se sabe


EL MAYOR ENEMIGO DE un mal gobierno ES UN PUEBLO CULTO

1 comentario:

  1. Javier me he reído un montón asistiendo a las reuniones de las comunidades de vecinos de tu blog. Era como si alguna vez en el pasado reciente de los últimos años, hubiera estado presente contigo en alguna de ellas. Muy realista y auténtico como la vida misma

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